De conformidad con el artículo 2.2.4.6.35 del Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 4927 de 2016, el curso virtual de cincuenta (50) horas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) es obligatorio para las personas designadas por el empleador o contratante como responsables de la ejecución del Sistema, quienes deben obtener el correspondiente certificado de aprobación. La obligación no se extiende automáticamente a todos los trabajadores de la organiz

El artículo 3 de la Ley 1562 de 2012 establece que constituye accidente de trabajo, entre otros, el ocurrido durante la ejecución de órdenes del empleador, en actividades recreativas, deportivas o culturales realizadas por su cuenta o representación, y durante el traslado entre la residencia y el trabajo cuando el transporte es suministrado por aquel. En eventos corporativos, como las fiestas de fin de año, la promoción de un esquema voluntario de transporte compartido (carpo

La estabilidad laboral reforzada constituye una garantía constitucional destinada a proteger a los trabajadores que se encuentran en situación de debilidad manifiesta por razones de salud, evitando que sus condiciones médicas se conviertan en un motivo de discriminación o exclusión laboral. Los artículos 13, 47, 53 y 54 de la Constitución Política, así como el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, establecen obligaciones de protección que limitan la facultad del empleador de ter

La responsabilidad del empleador frente a una enfermedad laboral no se limita al reconocimiento de las prestaciones económicas del sistema de seguridad social. Cuando se demuestra que la afectación de la salud del trabajador se produjo como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones de protección y prevención, puede configurarse la responsabilidad por culpa patronal, conforme al artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo. Esta disposición establece que, cuando

La terminación unilateral del contrato de trabajo por parte del empleador con justa causa debe estar sustentada en las causales previstas en el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 7.º del Decreto 2351 de 1965. Por ello, no basta con que el empleador invoque una conducta atribuida al trabajador, sino que debe acreditar que esta ocurrió y que tiene la entidad suficiente para justificar la terminación del vínculo. Cuando el trabajador reclama

El Decreto 1446 del 28 de septiembre de 2026 modifica las reglas de reparto de las acciones de tutela y establece que acciones de tutela deberán ser conocidas en primera instancia por el Consejo de Estado. La modificación contempla tres escenarios principales: Tutelas contra actuaciones u omisiones del Presidente de la República en ejercicio de sus funciones. Tutelas dirigidas conjuntamente contra el Presidente y otras autoridades públicas o particulares, cuando se le atrib

El Análisis de Puesto de Trabajo (APT) constituye un insumo técnico relevante para la identificación y evaluación de las condiciones laborales, los factores de exposición y las exigencias propias de las actividades desarrolladas por una persona trabajadora. Su elaboración se fundamenta en una metodología definida y en la información disponible al momento de realizar la evaluación, por lo que su contenido debe interpretarse de acuerdo con el objeto, el alcance y las fuentes de

La estabilidad laboral reforzada por razones de salud protege al trabajador frente a decisiones de terminación que puedan estar relacionadas con una condición médica que impida o dificulte sustancialmente el desarrollo de sus funciones. Esta protección no surge automáticamente por tener un diagnóstico, encontrarse en tratamiento o presentar una incapacidad. Lo determinante es el impacto real de la condición de salud en el desempeño laboral, así como el conocimiento que tenga

La propiedad del vehículo no es el único criterio. Lo determinante es su destinación y uso real. Las empresas que cuentan con una flota superior a diez (10) vehículos automotores o no automotores, o que contratan o administran personal de conductores, deben implementar un Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV), de conformidad con el artículo 12 de la Ley 1503 de 2011, modificado por el Decreto Ley 2106 de 2019, y la Resolución 40595 de 2022. Pero, ¿qué ocurre con los v

La licencia en SST no es exigible para todos los trabajadores que integran un equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo. La obligación de contar con licencia debe analizarse de acuerdo con las funciones efectivamente desarrolladas por el trabajador, el nivel de responsabilidad que tenga dentro del SG-SST, las características de la empresa y el campo de acción autorizado por la licencia. En este sentido, no basta con que una persona haga parte del área de SST para concluir

El 5 de agosto de 2026, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1040 de 2026, mediante el cual se reglamentan parcialmente algunas disposiciones de la Ley 2466 de 2025 y se desarrollan normas relacionadas con la prevención y atención del acoso, la violencia y la discriminación en el ámbito laboral. La nueva regulación adiciona el Capítulo 8 al Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, estableciendo un marco específico de protección frente al acoso, la viole

La contratación de personas naturales bajo la modalidad de prestación de servicios implica para los contratistas independientes el cumplimiento de una serie de obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral. Por ello, resulta fundamental que tanto contratantes como contratistas conozcan las reglas aplicables a la afiliación, determinación del ingreso base de cotización (IBC) y pago de los aportes correspondientes. El adecuado cumplimiento de estas obligaciones

No todo accidente de trabajo genera, por sí mismo, responsabilidad del empleador La ocurrencia de un accidente de trabajo no implica automáticamente que exista responsabilidad del empleador ni que haya lugar al reconocimiento de una indemnización por culpa patronal. Para que prospere una reclamación de esta naturaleza es necesario demostrar, además del accidente y del daño, la existencia de una conducta culposa atribuible al empleador y un nexo causal entre dicha conducta y l

Cada vez es más frecuente que empresas colombianas reciban proveedores, contratistas o especialistas extranjeros para ejecutar actividades técnicas, realizar mantenimientos, instalar equipos o prestar servicios especializados. Aunque estas personas no tengan un vínculo laboral directo con la organización, su ingreso a las instalaciones implica responsabilidades legales que deben ser gestionadas adecuadamente. La responsabilidad de la empresa va más allá del contrato El hech

El Decreto 1072 de 2015 establece que el empleador es el principal responsable de diseñar, implementar, mantener y mejorar continuamente el SG-SST. Esto significa que la responsabilidad por el cumplimiento de la normativa en seguridad y salud en el trabajo recae sobre la empresa, sin perjuicio de que algunas actividades técnicas sean desarrolladas por profesionales en SST, consultores externos o las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL). Aunque con frecuencia estos tér

La movilidad eléctrica continúa ganando protagonismo en Colombia como una alternativa eficiente y sostenible para desplazarse en las ciudades. Sin embargo, no todos los vehículos eléctricos están sujetos a las mismas obligaciones legales. Conocer la diferencia entre una bicicleta eléctrica y una motocicleta eléctrica es fundamental para evitar sanciones y circular de manera segura. ¿Qué normas regulan estos vehículos? La Resolución 160 de 2017 del Ministerio de Transporte

La presencia de trabajadores extranjeros en Colombia no implica, por sí sola, la obligación de afiliarlos al Sistema General de Riesgos Laborales (ARL). Esta obligación depende del tipo de vínculo con la empresa colombiana, la duración del servicio, la actividad desarrollada y las condiciones en que se presta. ¿Cuándo es obligatoria la afiliación? La afiliación a la ARL es obligatoria cuando: Existe un contrato de trabajo con una empresa en Colombia, ya sea verbal o escri

La inclusión laboral de personas con discapacidad representa un avance significativo en la construcción de entornos de trabajo más equitativos, diversos e inclusivos. Con la expedición de la Ley 2466 de 2025, el ordenamiento jurídico colombiano refuerza la obligación de promover oportunidades laborales para esta población, pero también recuerda que la contratación debe ir acompañada de condiciones que garanticen un trabajo seguro, saludable y libre de discriminación. Aunque

Como punto de partida, debe señalarse que los contratos válidamente celebrados constituyen ley para las partes. En consecuencia, las estipulaciones libremente acordadas se convierten en fuente de derechos y obligaciones recíprocas que deben cumplirse de buena fe. Este principio, tradicionalmente reconocido por el derecho privado colombiano, implica que las partes no solo quedan vinculadas por aquello que expresamente pactaron, sino también por todas las consecuencias que eman

La gestión ambiental se ha convertido en un elemento fundamental para garantizar el desarrollo sostenible de las actividades productivas y el cumplimiento de las obligaciones legales en materia ambiental. En Colombia, la legislación ha establecido la obligación para determinadas empresas de implementar un Departamento de Gestión Ambiental (DGA), encargado de liderar y coordinar las acciones orientadas a la protección del medio ambiente. El principal fundamento legal de esta